En las elecciones del 17 de agosto, el MAS —tras casi 20 años de hegemonía— cayó a un marginal 3 % y abrió paso a un balotaje entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga. La sorpresa fue el “Capitán Lara”, ex policía y figura de TikTok, que canalizó el voto antisistema y transformó la campaña.
En mi nuevo podcast analizo qué explica este colapso, qué está en juego en la segunda vuelta y qué lecciones deja Bolivia para las democracias frágiles de América Latina.
El 17 de agosto de 2025 quedará como el día en que el pueblo boliviano habló fuerte y claro.
¿Qué representa para los fieles que viven bajo represión? ¿Qué se espera de su pontificado frente a la persecución religiosa en Nicaragua? A continuación, el mensaje de Félix Maradiaga, presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua.
Desde la Fundación para la Libertad de Nicaragua, expreso mi más profundo reconocimiento al diario La Prensa por haber sido galardonado con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa Unesco/Guillermo Cano 2025. Este no es un premio más: es un acto de justicia histórica y una afirmación de principios frente a un régimen que ha intentado destruir toda forma de pensamiento libre.
La Prensa, el periódico más antiguo de Nicaragua, con casi un siglo de historia, ha sido en repetidas ocasiones objeto del odio visceral del régimen Ortega-Murillo. Le han confiscado sus instalaciones, encarcelado a sus directivos, perseguido a sus periodistas y censurado su voz. Pero no han logrado silenciar su espíritu. Hoy, La Prensa resiste desde el exilio, desde la diáspora, desde la dignidad.
La furia desatada por Rosario Murillo ante este reconocimiento confirma lo que ya sabíamos: la verdad les duele. Que el régimen haya optado por retirar unilateralmente a Nicaragua de la Unesco, después de más de siete décadas de pertenencia, revela su aislamiento progresivo del sistema internacional, y su intolerancia absoluta a cualquier forma de crítica. La reacción histérica de calificar el premio como “expresión diabólica de traición y antipatriotismo” no es otra cosa que el retrato de una dictadura desesperada, temerosa del poder de la palabra.
La comunidad internacional no se ha dejado engañar. La Unesco, con claridad y coherencia, reafirmó su mandato: defender la libertad de prensa en el mundo. Y al reconocer a La Prensa, también ha elevado la voz de cientos de periodistas nicaragüenses que hoy informan desde el exilio, en condiciones precarias, dispersos entre Costa Rica, España, México, Alemania, Canadá y Estados Unidos. A ellos también va esta felicitación y este homenaje.
El premio a La Prensa es también un premio a todos aquellos que, desde la oscuridad del destierro, mantienen viva la llama del periodismo independiente. Es un premio a la resiliencia, al coraje, a la verdad. Es un recordatorio de que ninguna dictadura, por brutal que sea, puede confiscar la conciencia de un pueblo ni apagar su derecho a estar informado.
Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión y con el derecho inalienable del pueblo nicaragüense a vivir en democracia. Y mientras existan voces que se levanten, como la de La Prensa y tantos otros periodistas en resistencia, habrá esperanza.
El retiro de Nicaragua de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) es una pataleta, un barullo de la dictadura sandinista, que al no lograr imponer a su operador político Denis Moncada como Secretario General del SICA, decide abandonar la institución en un acto de venganza y chantaje político.
Desde hace años he denunciado que la presencia de Ortega en el SICA es ilegítima, pues su régimen abandonó la OEA en 2021, lo que hace contradictoria su permanencia en el sistema de integración regional. Su salida de la CCJ no es un acto soberano, sino un desordenado intento de desestabilización para presionar a los gobiernos centroamericanos que no ceden a su voluntad.
Esta decisión, lejos de ser una muestra de independencia, confirma que Ortega y Murillo han convertido a Nicaragua en una colonia de China y Rusia, regímenes autoritarios a los que han entregado la soberanía del país a cambio de apoyo político y recursos para sostener su represión.
Centroamérica no puede seguir tolerando los berrinches, chantajes y sabotajes de un dictador acomplejado. Ortega es un vendepatria al servicio de intereses extranjeros, que ha usado la integración regional solo cuando le conviene y la dinamita cuando no logra controlarla.
Es hora de que el SICA y la comunidad internacional tomen una posición firme contra la dictadura sandinista. Nicaragua debe ser suspendida del sistema hasta que recupere la democracia. Centroamérica no puede ser rehén de un régimen fallido que solo aporta caos, corrupción y sumisión a potencias extranjeras.
Aunque el nuevo secretario general de la OEA, Albert Ramdin, ha señalado que Nicaragua no será una prioridad inmediata de su gestión, la causa de la libertad en el país no queda fuera del escenario internacional. Si bien la salida formal del régimen de Ortega limita la capacidad de la OEA para actuar, sus órganos autónomos, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguen siendo espacios activos. Sus procesos no pueden ser ignorados por la dictadura, y sus resoluciones continúan teniendo peso en la defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, entramos en una nueva etapa en la que los espacios prioritarios para la acción serán la vía bilateral —donde los estados democráticos deben redoblar esfuerzos— y el ámbito de las Naciones Unidas. No hay que olvidar que en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sigue abierto un proceso sobre Nicaragua, documentando los crímenes del régimen y buscando mecanismos para garantizar la rendición de cuentas.
La salida de Nicaragua de la OEA no significa impunidad. Las denuncias y la presión internacional continúan, y Ortega no podrá evadir el escrutinio en estos escenarios donde la defensa de los derechos humanos sigue firme.
Sin duda alguna, la designación de Francisco Díaz para un nuevo período de seis años al frente de la policía sandinista no es más que un premio por su servilismo absoluto a la dictadura bicéfala y perversa de Daniel Ortega y Rosario Murillo. No se trata de un reconocimiento a su labor, ni mucho menos a la institucionalidad de la Policía, sino de una recompensa por su papel como ejecutor de la maquinaria represiva que mantiene al régimen en el poder a costa de la sangre, el sufrimiento y la opresión del pueblo nicaragüense.
Díaz no es un jefe policial, es un verdugo al servicio del régimen, un operador de la represión que ha convertido a la policía en una fuerza de ocupación interna, responsable de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de opositores, activistas, periodistas y ciudadanos comunes. Su lealtad no es a la ley ni a la seguridad pública, sino a los caprichos de la pareja dictatorial, quienes le aseguran impunidad a cambio de su obediencia ciega.
La juramentación de 30 mil “policías voluntarios” no es otra cosa que la institucionalización de las fuerzas paramilitares, las mismas fuerzas criminales y asesinas que ejecutaron la masacre de 2018 y que continúan hostigando, golpeando y secuestrando a cualquier persona que se atreva a desafiar el terror del régimen. No es coincidencia que este anuncio ocurra en el contexto de la conmemoración de Monimbó, un símbolo de resistencia popular que el régimen pretende secuestrar y pervertir en un intento desesperado de reescribir la historia ¡No lo van a lograr! La memoria de Monimbó está viva.
El nombramiento de Díaz hasta 2031 deja claro que la dictadura sandinista no tiene intención alguna de ceder el poder por medios democráticos. Ortega y Murillo están construyendo un estado policial permanente, donde los jefes de la represión reciben condecoraciones en lugar de juicios, y donde la Constitución y las leyes son simples decoraciones que se ignoran a conveniencia del tirano. Pero la historia ha demostrado que ningún régimen que se sostiene en el miedo y la violencia es eterno. El pueblo de Nicaragua, que ya ha resistido décadas de dictaduras y que continúa valiente y resiliente sabrá librarse de este nuevo capítulo de opresión.
La dictadura en Nicaragua ha convertido la represión en su pilar de existencia, dejando un rastro de víctimas que aún esperan justicia. Desde el asesinato del periodista Ángel Gahona hasta la muerte de Alvarito Conrado, un adolescente de 15 años que solo intentaba llevar agua a los manifestantes, la impunidad ha sido la norma.
Pero la justicia internacional comienza a abrirse paso. El Parlamento Europeo ha condenado la intensificación de la represión y exige medidas concretas, como la activación de la cláusula democrática del acuerdo con la UE y la denuncia de Ortega y Murillo ante la Corte Penal Internacional.
La dictadura no puede seguir beneficiándose de tratados como el CAFTA mientras mantiene a un país entero bajo secuestro. La comunidad internacional debe tomar acciones urgentes para poner fin a la impunidad y hacer que los responsables enfrenten las consecuencias de sus crímenes.
Porque Nicaragua volverá a respirar.
La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado su ofensiva contra la Iglesia católica con un comunicado insultante y sin precedentes, contra el Vaticano. Este ataque, además de ser una muestra de desesperación política, refuerza el aislamiento internacional del régimen y confirma su intento de imponer una Iglesia subordinada al Estado, en la línea de los regímenes totalitarios que han buscado destruir la autonomía del catolicismo. Este es un acto de amedrentamiento contra los fieles y un intento de aislar a la Iglesia en su papel profético de denuncia contra la represión.
La decisión de desconocer el nombramiento de monseñor Rolando Álvarez como obispo de Matagalpa es un acto de violación a la libertad religiosa y al derecho internacional, pues la Iglesia católica, como institución universal, tiene la facultad exclusiva de nombrar a sus autoridades sin interferencia del Estado. Este intento del régimen de controlar la Iglesia nicaragüense es un claro reflejo del galicanismo autoritario, que busca romper la comunión con Roma y establecer una estructura religiosa dócil a sus intereses. No lo va a lograr!
La dictadura sandinista ha convertido a la Iglesia en uno de sus principales enemigos porque la considera una voz moral de resistencia ante sus abusos y su represión. Sin embargo, la historia demuestra que los intentos de los regímenes autoritarios por someter la Iglesia han fracasado, y el régimen de los Ortega-Murillo no será la excepción. La fe del pueblo y el compromiso de la Iglesia con la justicia y la verdad seguirán siendo más fuertes que cualquier intento de manipulación del poder.
El Ejército de Nicaragua ya no defiende a la nación; es el brazo armado de la dictadura Ortega-Murillo. La extensión del mandato de Avilés es un premio al servilismo y la corrupción. Oficiales enriquecidos con negocios turbios y propiedades confiscadas han traicionado su misión, mientras Ortega los usa como herramienta de represión y vende su lealtad a Rusia, China, Irán y Cuba.
Este Ejército no es del pueblo; es del régimen. Urge sancionar sus activos y desmontar esta estructura corrupta para que, en una Nicaragua libre, decidamos si necesitamos un Ejército o solo instituciones al servicio de la democracia. Hoy, el Ejército ha dejado de ser nacional; es la espada de una tiranía bicéfala.
Rusia, mediante su alianza estratégica con el régimen de Ortega, juega un papel central en el fortalecimiento de las dictaduras en América Latina, utilizando herramientas como el centro de espionaje ruso en Managua. Este apoyo es complementado por Cuba, que aporta experiencia en inteligencia y control social, y China, que brinda financiamiento y tecnología de vigilancia. Juntas, estas potencias forman una red autoritaria global que amenaza los valores democráticos en la región.
Frente a este desafío, líderes de la oposición de Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Cuba han organizado un encuentro para coordinar una agenda común que será presentada a las autoridades entrantes de Estados Unidos y Europa. La unidad de las fuerzas democráticas es esencial para contrarrestar la expansión autoritaria y restaurar la libertad en América Latina.
El dictador Daniel Ortega, en cínica contradicción, insinúa ahora de manera velada su disposición a un diálogo. Sin embargo, la historia reciente nos ha enseñado que cada vez que Ortega menciona diálogos, lo hace con la intención de consolidar su dictadura.
Ha utilizado estas instancias no como puentes hacia la reconciliación, sino como trampas para acorralar a sus oponentes, encarcelarlos, despojarlos de su nacionalidad, amordazar a la prensa independiente y expulsar del país a quienes se atreven a pensar diferente.
Hablar de diálogo en estas circunstancias es una afrenta a la esencia misma de la democracia. Un proceso genuino de diálogo debe comenzar con el cese inmediato de la represión y la restitución plena de los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses.
Los demócratas auténticos están llamados a defender el diálogo como un principio fundamental de la convivencia civilizada, pero no a cualquier precio. Un diálogo que se desarrolle bajo la sombra de la represión y el abuso no es más que una pantomima, diseñada para legitimar un régimen que ha demostrado su desprecio por la libertad y la dignidad humana.
No se dialoga con la libertad encadenada; se dialoga cuando la justicia y la dignidad vuelven a ser ley.
En este episodio, analizamos cómo la reforma a la Ley No. 641 del Código Penal, impulsada por la dictadura de Daniel Ortega, extiende su represión más allá de las fronteras nicaragüenses. Ahora, no solo encarcelan y expulsan a los disidentes; pretenden juzgar y confiscar los bienes de opositores en el exilio, intensificando la guerra contra los nicaragüenses en la diáspora. Es posible que este anteproyecto de ley esté preparando el terreno para una nueva ola de expulsiones masivas de disidentes nicaragüenses que actualmente son presos políticos. La presencia de numerosos presos políticos es un problema para el régimen, que busca reducir el activismo internacional y acallar la presión de la comunidad internacional. En un posible escenario de excarcelación, el régimen podría usar esta reforma para forzar a los liberados al exilio, despojándolos de su nacionalidad y evitando que se conviertan en voces activas de la resistencia.
En este podcast, analizo cómo Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, ha llevado su paranoia a extremos que lo han aislado tanto de sus antiguos aliados progresistas como de la comunidad internacional. A través de confrontaciones con Gustavo Petro, Lula Da Silva y Gabriel Boric, y su creciente hostilidad hacia cualquier crítica externa, Ortega ha transformado a Nicaragua en un régimen autoritario similar a una "Corea del Norte tropical". Su pérdida de control y el colapso de sus relaciones diplomáticas subrayan la decadencia del régimen que hoy es universalmente condenado por su brutalidad y represión.
En este podcast, exploraremos la decisión de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua de alejarse de relaciones diplomáticas con la próspera Corea del Sur, prefiriendo en su lugar establecer relaciones íntimas con la cerrada Corea del Norte. Usando una fotografía desde el espacio que muestra la diferencia en iluminación entre ambas Coreas, analizaremos las implicaciones de esta decisión y cómo refleja la disparidad entre un sistema cerrado y uno abierto.
Este podcast se refiere a la decisión de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua de otorgar asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado por delitos de blanqueo de capitales. Felix Maradiaga argumenta que esta acción no solo desafía las normas internacionales, sino que también revela una profunda crisis ética y moral en la dictadura sandinista. Maradiaga señala que esta no es la primera vez que el gobierno de Ortega protege a figuras corruptas, citando ejemplos como la protección ofrecida a Pablo Escobar en los años ochenta. El podcast destaca la necesidad de que la comunidad internacional tome medidas enérgicas para restablecer el imperio de la ley y el respeto a la justicia en la región
En un acto de agresión que marca un peligroso pico en las tensiones regionales, Irán lanzó un ataque masivo contra Israel el pasado 13 de abril, desplegando más de 300 drones y misiles. Este ataque, justificado por Irán como represalia por el bombardeo israelí de un consulado iraní en Siria, ha sido condenado por expertos y líderes mundiales por su desprecio por la estabilidad regional y la vida humana.
La respuesta de Irán desafía las normas internacionales.
El acercamiento de Ortega a regímenes como el de Irán es profundamente preocupante, ya que sugiere un desprecio flagrante por los valores democráticos y los derechos humanos. La relación entre la dictadura de Ortega y el régimen terrorista de Irán es una alianza basada en la represión y el autoritarismo, no en principios de diplomacia moderna y beneficio mutuo.
El informe "La Investigación sobre Nicaragua: El Silenciamiento de la Democracia en Nicaragua" presenta una serie de recomendaciones para abordar la crisis de derechos humanos en el país. Entre ellas se destaca el apoyo a la creación de un "Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense" para diseñar estrategias que frenen los abusos, la promoción de investigaciones penales internacionales contra altos funcionarios del gobierno nicaragüense, y la exploración de la posibilidad de llevar a Nicaragua ante la Corte Penal Internacional. Además, se sugiere la imposición de sanciones Magnitsky contra los responsables de violaciones de derechos humanos, el brindar apoyo y asistencia técnica a las víctimas, y promover la rendición de cuentas y elecciones libres y justas. También se enfatiza la importancia de elevar la situación de derechos humanos en Nicaragua en foros internacionales, informar al Ministerio del Interior del Reino Unido sobre la situación para considerarla en las solicitudes de asilo, y proporcionar visas de emergencia para periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo. Se destaca la necesidad de asistir a los refugiados nicaragüenses en el Reino Unido, realizar periodismo de investigación para una cobertura integral de la situación en Nicaragua, y examinar los vínculos entre Nicaragua, Rusia y China, así como las implicaciones para la estabilidad regional del desplazamiento masivo de personas.
En este podcast, Félix Maradiaga destaca la perseverancia y la resistencia de María Corina Machado y su movimiento, Vente Venezuela, frente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. A pesar de los intentos de Maduro por silenciar a la oposición, subestimando la voz de Machado en las elecciones, su determinación ha inspirado esperanza en medio de la crisis del país. Maradiaga señala que la falta de carisma de Maduro y su respuesta represiva frente a la presión internacional reflejan similitudes con Daniel Ortega en Nicaragua, pero destaca que la diferencia clave en Venezuela es la presencia de una candidata surgida de elecciones primarias legítimas. Maradiaga llama a la comunidad internacional a presionar por el respeto a los acuerdos de Barbados y a reactivar las sanciones contra el régimen de Maduro, además de garantizar la seguridad de Machado y su equipo. A pesar de la represión, Maradiaga destaca la cohesión de la oposición venezolana en torno a un proyecto unificador, demostrando que la lucha por la libertad y la democracia sigue vigente.
El lunes 27 de noviembre, el Consejo Europeo decidió introducir (y cito textualmente lo que dice el comunicado) "excepciones humanitarias a las medidas de inmovilización de activos en diez regímenes de medidas restrictivas de la UE" (fin de cita). Estas modificaciones son aplicables a nueve regímenes en todo el mundo, incluyendo Venezuela y Nicaragua.
Muchas personas se han referido a esa decisión del consejo como una flexibilización de sanciones, pero yo tengo una opinión diferente. Antes de dar mi opinión, es importante aclarar que mi perspectiva es estrictamente técnica y no estoy respaldando la decisión de la Unión Europea.
Una lectura rápida de esta decisión podría llevar, equivocadamente, a creer que la Unión Europea se ha flexibilizado, en términos generales, todas las sanciones vigentes para cada uno de los regímenes antes mencionados, incluyendo Nicaragua. Pero lo que realmente ha ocurrido es que el Consejo Europeo está implementando una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, la Resolución 2664 (2022), aprobada el 9 de diciembre de 2022 con 14 votos a favor y ninguno en contra.
Bajo dicha resolución de la ONU, se decidió que, en caso de existir una necesidad de asistencia humanitaria, los países que han impuesto sanciones pueden hacer excepciones temporales para que las personas sancionadas no sean un obstáculo para la entrega de ayuda a los necesitados. Esta resolución de la ONU es el resultado de diez años de debates en las Naciones Unidas. La resolución exige que los países hagan ajustes en sus marcos legales, y eso es precisamente lo que ha hecho la Unión Europea.
En términos prácticos, ¿qué significa esta decisión europea?
Voy a utilizar un ejemplo para explicarlo. Si en alguno de los nueve países sancionados se produjera una emergencia humanitaria y, al mismo tiempo, algún ministro o funcionario de ese país estuviera sancionado, la Unión Europea, los Estados miembros y las agencias de cooperación pueden hacer una excepción humanitaria y llevar a cabo trámites con dicho funcionario para que la ayuda llegue a las víctimas o beneficiarios. La norma de la ONU (y la cito textualmente) dice: "La provisión de recursos económicos o la entrega de bienes y servicios necesarios para garantizar la entrega oportuna de asistencia humanitaria o para respaldar otras actividades que satisfacen las necesidades humanas básicas están permitidas y no constituyen una violación de las congelaciones de activos impuestas por ese órgano o sus comités de sanciones".
En otras palabras, la persona sancionada sigue estando bajo sanción, pero esa sanción no puede ser un obstáculo para la entrega de ayuda en caso de necesidad humanitaria.
De acuerdo con la resolución de la ONU, los Estados miembros de la ONU tienen la responsabilidad de realizar ajustes en sus sistemas legales, y eso es precisamente lo que ha hecho la Unión Europea para un grupo de nueve regímenes, y es probable que lo haga para otros en el futuro. La resolución de la ONU es muy específica en cuanto a las excepciones, y vuelvo a citar el texto: "Cuando el objetivo sea proporcionar asistencia humanitaria o apoyar otras actividades que satisfagan las necesidades humanas básicas de las personas necesitadas".
Es importante recordar que esta norma, aunque no estaba designada específicamente para Nicaragua, es la que la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, ha estado aplicando desde el año 2018. No es nada nuevo. Solo se formalizó lo que la Unión Europea ya venía haciendo.
Finalmente, me gustaría reiterar mi posición personal de que es fundamental ejercer la máxima presión sobre la dictadura sandinista de los Ortega Murillo para lograr la libertad de todos los presos políticos sin excepción y el fin de esa tiranía. Esto requiere sanciones más focalizadas, dirigidas a quienes han cometido delitos y crímenes de lesa humanidad, a los corruptos y a quienes ayudan a la dictadura a reprimir al pueblo.
En las páginas de la historia política, los intentos del dictador Daniel Ortega por instaurar una dictadura dinástica en Nicaragua se destacan como un capítulo oscuro. Esta tendencia también se está reflejando en otras dictaduras del mundo.
Este esfuerzo dinástico se ve claramente en la designación de su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, en la práctica es una codictadora, un paso inicial hacia la consolidación de un poder familiar. El segundo paso es instaurar a Laureano Ortega cómo le heredero de la dictadura.
En este episodio, exploraremos cómo esta dinastía Ortega-Murillo se asemeja a otros regímenes dinásticos en el mundo, como los Kim en Corea del Norte y los Assad en Siria, y cómo está afectando a Nicaragua.
Además, discutiremos los riesgos y desafíos que enfrenta este proyecto dinástico, tanto a nivel interno como internacional, y por qué es crucial la respuesta de la ciudadanía nicaragüense y la comunidad internacional.
También analizaremos las conexiones de este proyecto con dictaduras extranjeras y cómo estas potencias apoyan la perpetuación del poder de los Ortega.
En conclusión, exploraremos las posibles estrategias para desafiar este intento de perpetuar una dinastía familiar en el poder y cómo esto impacta en el futuro de Nicaragua.
Sintoniza este episodio para entender mejor el proyecto dinástico en Nicaragua y las implicaciones que tiene para su pueblo y para la política global.