La dictadura en Nicaragua ha convertido la represión en su pilar de existencia, dejando un rastro de víctimas que aún esperan justicia. Desde el asesinato del periodista Ángel Gahona hasta la muerte de Alvarito Conrado, un adolescente de 15 años que solo intentaba llevar agua a los manifestantes, la impunidad ha sido la norma.
Pero la justicia internacional comienza a abrirse paso. El Parlamento Europeo ha condenado la intensificación de la represión y exige medidas concretas, como la activación de la cláusula democrática del acuerdo con la UE y la denuncia de Ortega y Murillo ante la Corte Penal Internacional.
La dictadura no puede seguir beneficiándose de tratados como el CAFTA mientras mantiene a un país entero bajo secuestro. La comunidad internacional debe tomar acciones urgentes para poner fin a la impunidad y hacer que los responsables enfrenten las consecuencias de sus crímenes.
Porque Nicaragua volverá a respirar.