Aunque el nuevo secretario general de la OEA, Albert Ramdin, ha señalado que Nicaragua no será una prioridad inmediata de su gestión, la causa de la libertad en el país no queda fuera del escenario internacional. Si bien la salida formal del régimen de Ortega limita la capacidad de la OEA para actuar, sus órganos autónomos, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguen siendo espacios activos. Sus procesos no pueden ser ignorados por la dictadura, y sus resoluciones continúan teniendo peso en la defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, entramos en una nueva etapa en la que los espacios prioritarios para la acción serán la vía bilateral —donde los estados democráticos deben redoblar esfuerzos— y el ámbito de las Naciones Unidas. No hay que olvidar que en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sigue abierto un proceso sobre Nicaragua, documentando los crímenes del régimen y buscando mecanismos para garantizar la rendición de cuentas.
La salida de Nicaragua de la OEA no significa impunidad. Las denuncias y la presión internacional continúan, y Ortega no podrá evadir el escrutinio en estos escenarios donde la defensa de los derechos humanos sigue firme.