En Colombia, el Partido Comunista ha sido una pieza fundamental en la historia política del país, pero también una de las más perseguidas. Desde su fundación, ha sufrido estigmatización, represión estatal y exterminio. A lo largo de los años, sus militantes fueron blanco de violencia sistemática, como lo evidenció el genocidio de la Unión Patriótica en los años 80, resultado de la firma de los acuerdos de paz. En lugar de ser reconocidos por su lucha en favor de los derechos sociales, fueron reducidos a la categoría de enemigos del orden establecido. A pesar de los intentos de silenciarlo, el Partido ha resistido y perdurado, demostrando que, en Colombia, la política tiene un alto precio, especialmente para aquellos que desafían el poder.
La Fundación Semillas de Amor, Fruto de Paz y Perdón, liderada por Gloria Vásquez, tiene como misión transformar las vidas de las víctimas del conflicto armado en Manizales, especialmente de los más jóvenes. A través de programas educativos, psicológicos y sociales, la fundación busca ofrecerles herramientas para superar las secuelas del conflicto y brindarles un futuro de esperanza y paz. Más allá de visibilizar el dolor, la fundación promueve la sanación y la reconciliación, dando a las nuevas generaciones la oportunidad de reconstruir sus vidas y dejar atrás el sufrimiento del pasado.
34 años después, las víctimas del Bloque Tolima reconstruyen sus historias en un contexto marcado por la violencia y el sufrimiento. Carlos Suárez, Carlos Alfaro, Diomedes Zuluaga, Elcy Chacón y José del Carmen comparten sus relatos, recordando los momentos fatídicos que han dejado huellas indelebles en sus vidas y en sus comunidades.
En esta serie, las voces de los sobrevivientes rinden homenaje a aquellos que fueron asesinados y desaparecidos, al tiempo que denuncian la impunidad que aún persiste. Cada uno de ellos aporta su testimonio, revelando cómo el conflicto armado ha alterado sus realidades y forzado a muchos a vivir en un ciclo de dolor y desarraigo. A través de estos relatos, se busca visibilizar las injusticias que han enfrentado y la lucha por la verdad, así como la necesidad de memoria y justicia en un país que sigue lidiando con las secuelas de su pasado.
El periodismo en Colombia es una práctica marcada por el peligro y la valentía. En medio de amenazas constantes, los periodistas se juegan la vida no solo para informar, sino para dar voz a quienes han sido silenciados por el conflicto. En un contexto donde el miedo y la censura se cruzan con la violencia estructural, cada reportaje se convierte en un acto de resistencia. Las amenazas, las balas, la represión: todo esto forma parte del día a día de aquellos que siguen comprometidos con la verdad, la memoria y la justicia. La historia del periodismo colombiano es, además, la historia de un país que se niega a callar y a olvidar, a pesar de todo lo que ha pasado.
Entre 2002 y 2008, Colombia vivió una tragedia que desnudó lo peor del poder estatal: los falsos positivos. Bajo el pretexto de ganar una guerra sin fin, el Estado diseñó y ejecutó un sistema perverso donde el valor de la vida humana se redujo a estadísticas y trofeos de guerra. Miles de jóvenes, como Fabián Ayala, fueron arrancados de sus vidas para ser convertidos en guerrilleros ficticios. La recompensa: aplausos y ascensos militares.
Óscar Montealegre, exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), rompió el silencio para hablar sobre su proceso de transformación personal y su búsqueda de paz. En su testimonio, asegura que la guerra dejó cicatrices profundas en su vida, pero a través de su participación en el proceso de reparación ha podido reconocer sus errores y ofrecer perdón a las víctimas. Para Montealegre, este camino no solo ha sido un intento de acercarse a quienes sufrieron por sus acciones, sino también una oportunidad para reencontrarse con la esperanza y un propósito de vida.
El Auto 16 de 2024 de la JEP marca un momento clave en la justicia transicional de Colombia. Con esta resolución, se involucra a excombatientes del Comando Conjunto Central de las FARC-EP en el proceso de esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, lo que genera un debate crucial sobre la responsabilidad penal y la reparación a las víctimas. Mientras algunos celebran los avances hacia la verdad y la justicia, otros cuestionan el principio de selección y la renuncia a la acción penal para ciertos excombatientes. ¿Estamos realmente más cerca de una justicia plena, o este proceso favorece a quienes cometieron los crímenes?
Durante las décadas de 1980 y 1990, Tolima y Quindío fueron testigos de una violencia implacable que dejó una huella profunda en muchas familias. Guerrillas como las FARC-EP utilizaron el Cañón del Combeima como refugio, mientras que los paramilitares, bajo figuras como Carlos Castaño, llegaron a imponer su dominio. Las masacres, desplazamientos forzados y la violencia sexual fueron parte de la realidad cotidiana para los campesinos atrapados en medio de este conflicto.
Hoy, esos mismos paisajes, marcados por el dolor y la tragedia, siguen siendo testigos de un pasado oscuro. Sin embargo, las historias de resistencia y sobrevivencia nos recuerdan que, aunque el camino hacia la reconciliación aún parece lejano, no todo está perdido. Las voces de las víctimas siguen vivas, manteniendo encendida la esperanza de un futuro diferente.
En los últimos años, el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP ha sido objeto de controversia y desafíos. Algunos exintegrantes de la guerrilla y representantes del gobierno han criticado las dificultades que enfrentan los excombatientes para reintegrarse en la sociedad, señalando la falta de apoyo adecuado y la persistencia de estigmas sociales. Mónica Delgado, firmante del acuerdo de paz de La Habana, comparte su experiencia en este proceso. Desde su paso por las FARC-EP hasta su reintegración en la política colombiana, Mónica nos ofrece una mirada sincera y crítica sobre las expectativas no cumplidas y los avances que aún quedan por hacer. ¿Cómo han vivido los firmantes el paso de la guerra a la política? ¿Qué desafíos siguen enfrentando, tras ocho años de la firma del acuerdo de paz? Escúchelo, porque su historia invita a reflexionar sobre el camino hacia la paz en Colombia.
Cuando COALICO comenzó su labor, tenía claro su propósito: proteger a los niños y jóvenes víctimas del conflicto armado, una deuda histórica que Colombia tiene con su infancia. En 2024, la entidad enfrenta uno de sus mayores retos con la implementación del Auto 05 de la JEP, que busca asegurar la reparación integral de los menores reclutados y utilizados en la violencia. A pesar de los esfuerzos, la meta de garantizar justicia sigue siendo un camino largo. Dos años después, aún falta mucho por hacer. En Voces al Micrófono, hablamos con Juan Manuel Martínez, Secretario Técnico de la organización, quien nos explica cómo avanza la implementación del Auto 05, los desafíos que enfrentan y el papel crucial que sigue desempeñando esta entidad en la defensa de los derechos de los niños en Colombia.
La difícil realidad de los soldados colombianos expone las profundas fallas del sistema de protección y reparación que, teóricamente, debería garantizarse a quienes arriesgan sus vidas en el conflicto armado. Durante décadas de violencia, miles de ellos han quedado abandonados, ya sea por las heridas físicas o las secuelas psicológicas de su participación, sin la atención médica ni la reparación prometida. Aunque son celebrados como héroes en los momentos de guerra, una vez terminada la contienda, el Estado olvida sus promesas: una atención deficiente, una reparación inexistente y una seguridad que desaparece.
Un excombatiente y firmante del Acuerdo de Paz expone las promesas rotas y las difíciles realidades de la reincorporación en Colombia. ¿Por qué, casi una década después, el Estado sigue sin cumplir sus compromisos de educación, empleo y condiciones dignas para quienes dejaron las armas? ¿Por qué exigir estos derechos convierte a los firmantes, en sus propias palabras, en “enemigos del Estado”?
La Teoría del Aprendizaje Transformador nace de un proyecto educativo dirigido a jóvenes y adultos afectados por la violencia del conflicto armado en Colombia. Este enfoque innovador se basa en el Modelo Educativo Flexible Escuela Global, diseñado para la educación básica y media, con una sólida orientación hacia el desarrollo de competencias. Su objetivo principal es sanar las secuelas de la violencia a través de la educación, ofreciendo una alternativa pedagógica que promueve la transformación personal y social.
Financiado por la Corporación Gaia Aqua , este proyecto se centra en fortalecer la investigación educativa y abrir nuevas oportunidades para las poblaciones más vulnerables, brindándoles herramientas para superar las cicatrices del conflicto y fomentar una reconstrucción social desde la educación.
En Colombia, el Macro Caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expone una de las más grandes tragedias de la historia reciente: los ‘falsos positivos’. A lo largo de años, el Ejército colombiano ejecutó de manera sistemática a civiles inocentes, presentándolos como guerrilleros muertos en combate. Juan Guillermo Múnera Piedrahita, exoficial del Ejército, se presenta ante la JEP para esclarecer su rol en este macabro mecanismo que se traduce en miles de vidas perdidas.
Al asumir la responsabilidad de los crímenes ocurridos bajo su mando, Múnera ofrece un testimonio que, lejos de buscar justificaciones, invita a un examen profundo de lo que significó este periodo de violencia. En sus palabras resuena el dolor de las víctimas, pero también la urgencia de un país que intenta, a través de la justicia transicional, encontrar un camino hacia la reconciliación.
Las vidas de personajes como Manuel Marulanda, ‘Chiquito Malo’ y ‘Don Mario’ nos muestran diferentes caras del conflicto armado en Colombia. Cada uno, con su rol único, refleja una parte de la historia de violencia que ha marcado al país. Marulanda, líder guerrillero, simboliza la resistencia campesina y la lucha por la justicia social, pero también la radicalización de un conflicto que se prolongó por décadas. ‘Chiquito Malo’, narcotraficante, encarna la expansión del narcotráfico, cuyo poder y ambición se entrelazaron con la violencia. Mientras tanto, ‘Don Mario’ ejemplifica la relación entre el narcotráfico y los paramilitares, un vínculo que profundizó aún más la guerra y la desestabilización en diversas regiones.
Estos hombres, entre otros, han sido actores clave en una guerra que, aunque cambia de forma, sigue afectando al país. A través de sus historias, podemos entender cómo el conflicto armado se ha alimentado de la corrupción, la desigualdad y la lucha por el control del territorio.
El Macro Caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se enfoca en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia: los ‘falsos positivos’. Este caso aborda las ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008, cuando miles de civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate por miembros del Ejército colombiano, con el objetivo de simular victorias en la lucha contra la insurgencia y el narcotráfico.
El proceso busca esclarecer los crímenes cometidos, identificar a los responsables y ofrecer reparación a las víctimas. Los testimonios de los comparecientes ante la JEP son clave para entender cómo operó este sistema de muerte y el devastador impacto que tuvo en las comunidades.
Ana María Zapata es la abogada que lleva la representación de cientos de víctimas del Macro Caso 07 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este caso, que trata el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado, ha revelado detalles alarmantes sobre las tácticas utilizadas por las FARC-EP y el impacto que ha tenido en comunidades vulnerables, en particular en los pueblos indígenas.
En este episodio, Ana María comparte con Voces al Micrófono cómo ha sido el proceso de construcción de la verdad, el desafío de representar a víctimas que todavía sufren las consecuencias de estas atrocidades, y cómo la justicia transicional se enfrenta a estos crímenes. Con cifras que alcanzan las 18.677 víctimas infantiles acreditadas y nuevos hallazgos sobre violencia de género y abusos intrafilas, Zapata asegura que el camino hacia la verdad y la justicia es largo, pero está avanzando.
Sus palabras son contundentes: este caso es uno de los más graves en la historia reciente del país, y la participación activa de las víctimas es esencial para reconstruir la paz.
El abogado Leonardo Zuluaga Rubio, invitado en Voces al Micrófono, habló sobre una cooperativa que ha logrado marcar una diferencia tangible en la promoción del buen vivir y la construcción de paz. A través de su modelo de trabajo colectivo, enfrenta los desafíos de la reintegración y el desarrollo comunitario, buscando que las comunidades afectadas por la violencia no solo sanen sus heridas, sino que también se reconstruyan de manera integral. Su enfoque es claro: no hay paz sin justicia, y no hay reintegración sin dignidad.
El Macro Caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se enfoca en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia: los ‘falsos positivos’. Este caso aborda las ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008, cuando miles de civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate por miembros del Ejército colombiano, con el objetivo de simular victorias en la lucha contra la insurgencia y el narcotráfico.
El proceso busca esclarecer los crímenes cometidos, identificar a los responsables y ofrecer reparación a las víctimas. Los testimonios de los comparecientes ante la JEP son clave para entender cómo operó este sistema de muerte y el devastador impacto que tuvo en las comunidades.
El proceso de paz con el ELN ha sido interrumpido y retomado en varias ocasiones desde los años 90, comenzando con el gobierno de César Gaviria. Aunque se iniciaron las negociaciones, la violencia del grupo guerrillero impidió que prosperaran. En los gobiernos siguientes, como el de Pastrana, hubo nuevos intentos, pero la desconfianza y los ataques continuaron.
Bajo Álvaro Uribe, el proceso prácticamente se abandonó, priorizando la confrontación militar. Sin embargo, con la llegada de Gustavo Petro en 2022, se reactivó el diálogo en el marco de su política de "paz total". A pesar de este impulso renovado, el proceso aún enfrenta desafíos significativos debido a las tensiones históricas, la violencia persistente y las profundas desigualdades que alimentan el conflicto.
