Durante las cuatro décadas que cubre nuestro estudio Guatemala no logró desarrollar un sistema político capaz de absorber o neutralizar a las minorías que intentaban destruirlo. Esa fue su debilidad y, sin duda, una de las causas del drama que tuvo que vivir durante tanto tiempo. Pero, a pesar de sus limitaciones y de sus flaquezas, el sistema logró sobrevivir y adaptarse, ganó en legitimación ante la opinión pública y se hizo más abierto.

El detallado recuento que hicimos en el capítulo anterior habrá hecho que muchos lectores, sin poder evitarlo, se pregunten: ¿Por qué? ¿Por qué razón debieron de morir tantas personas –no importa ahora su número ni su condición– por obra de un conflicto tan despiadado y tan brutal? Al repasar lo acontecido puede tenerse la sensación de que un sino peculiar, trágico y absurdo, hubiese impuesto a Guatemala una carga insoportable de largos sufrimientos.

Afirmar que se produjeron 37,000 y no 200,000 muertos solo cambia la magnitud cuantitativa de la tragedia y de ningún modo la hace moralmente justificable o menos importante. Quienes piensan que exagerando e inflando los números favorecen a las víctimas del conflicto caen presa de su propia ilusión, pues la verdadera justicia no puede levantarse sino sobre la base de la verdad histórica, de afirmaciones verificables y lo más sólidas posibles. Esta discusión, sin duda alguna, nos remite directamente a otro de los problemas más importantes que aparecen siempre cuando se trata de hacer historia reciente: el de la objetividad.

Con una idea aproximada de las víctimas fatales que sufrió el ejército, la guerrilla y la población campesina que fue víctima de las masacres, nos resta ahora volver sobre los puntos que no hemos podido evaluar todavía, los civiles que cayeron en el campo y la ciudad como resultado de actos que no podemos considerar como masacres.

El concepto de masacre no es preciso ni exacto, por lo que ha sido usado de un modo bastante poco uniforme en la bibliografía. El diccionario de la Real Academia lo define como “Matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida”. En el Compendio de Historia de Guatemala, por otra parte, se da una definición bastante extraña, pues en ella se incluyen solamente las acciones llevadas a cabo por el ejército y no por otras fuerzas armadas: “Por masacre se entiende toda aquella matanza perpetrada por fuerzas militares, en la que son muertos indiscriminadamente personas combatientes y no combatientes”. Llama la atención, además de la exclusión mencionada, que se considere también masacre a las acciones producidas en combate (por fuerza “indiscriminadas”) y no se puntualice que las víctimas deban ser civiles, o por lo menos “indefensas”, como lo dice la más tradicional pero apropiada definición de la Academia.

Para hacer una estimación realista y objetiva del número total de víctimas fatales del enfrentamiento armado interno que, en diversas fases y modalidades, se desarrolló en Guatemala desde 1960 hasta 1996, es preciso partir de algunas aclaraciones conceptuales que nos ayuden a precisar el problema. Como marco general de referencia conviene considerar, en primer lugar, los factores que tienden a aumentar o disminuir los conteos y estimaciones de las que disponemos.

La CEH realizó un extenso trabajo para conocer las múltiples violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el largo período del enfrentamiento armado. “La Comisión recibió un total de 7,338 testimonios de declarantes” en los que se hizo referencia a 42,275 víctimas cuyos derechos fueron violados en hechos de diversa naturaleza.535 Un 48.39% de estas víctimas sufrieron “ejecuciones arbitrarias” o “desapariciones forzadas” y, si a estos casos se le agregan algunas otras causas de muerte que incluye la Comisión, se llega a un total de 24,910 personas que fallecieron por causa del conflicto interno.

Durante mucho tiempo diversos autores han ido proponiendo estimaciones sobre el número de víctimas de un enfrentamiento que, todavía, se estaba desarrollando en diversas áreas del país. Haremos un recuento, seguidamente, de varias fuentes que –como es natural– poseen diferentes sesgos ideológicos y modalidades diversas de aproximarse al tema en estudio.

La prolongada violencia política que sufrió Guatemala durante el período que abarca nuestra investigación produjo, indudablemente, una gran cantidad de víctimas de todo tipo. Mucha gente murió o quedó herida, otros desaparecieron más o menos misteriosamente, muchos tuvieron que desplazarse dentro del país o emigrar fuera de sus fronteras y no fueron pocos los que quedaron afectados porque sus familiares fueron muertos, secuestrados, perseguidos o amenazados. El historiador, casi siempre, se ve compelido a hacer la macabra cuenta de estas víctimas.

La mágica noche del 11 de noviembre de 1989 millares de alemanes que vivían en la parte oriental de Berlín cruzaron la frontera y comenzaron a derribar el muro que los gobernantes comunistas habían construido 28 años antes. Fue una fiesta, una celebración alegre y multitudinaria que duró toda la noche y que marcó simbólicamente el fin de lo que había sido uno de los sistemas más opresivos y brutales que haya construido la humanidad a lo largo de los últimos siglos.

A pesar de sus éxitos el ejército, durante los cinco años del gobierno de Cerezo, mostró una constante inquietud, que llegó a materializarse en dos conatos de golpe de estado que no estuvieron lejos de triunfar. En los documentos que circularon profusamente durante la época aparecen delineadas algunas de las causas de este malestar en los cuarteles que llegó a convertirse, por momentos, en tema central de la política del país. En un comunicado de un “Comando Nacional y Estado Mayor de los Oficiales de la Montaña”508 estos oficiales (nunca plenamente identificados), que estaban en contacto con algunos elementos civiles, manifiestan que la institución armada está gravemente afectada por la corrupción y la concertación con las fuerzas de la guerrilla.

La guerrilla, lo hemos explicado ya, había recibido en estos años golpes devastadores y decisivos. Con la ofensiva iniciada en noviembre de 1981, con la creación y rápida difusión de las PAC y con programas como el de Fusiles y Frijoles, se había detenido por completo su expansión y había sido obligada a retirarse a zonas cada vez más remotas y apartadas. La aparición en 1983 de un nuevo programa, Techo, Tortillas y Trabajo –que se centraba en tareas de reconstrucción– y la creación de las llamadas aldeas modelo poco tiempo después, hicieron que el estado guatemalteco le quitase efectivamente el “agua al pez”: ya la guerrilla no podía aspirar a moverse “como pez en el agua” porque la población campesina, dispersa u opuesta a sus propósitos, no podía o no quería colocarse detrás de ella como una fuerza capaz de darle la victoria.

Después de intentarlo durante mucho tiempo la DCG llegaba por fin al poder, favorecida por los cambios que se habían dado a comienzos de los ochenta, por los sucesivos golpes militares que habían permitido el retorno a un sistema democrático más amplio y plural. Con sus promesas de cambio, con su trayectoria de lucha, Vinicio Cerezo Arévalo contaba, al asumir el mando en enero de 1986, con un amplio caudal de prestigio en la opinión pública y con el respaldo mayoritario del organismo legislativo. Todo permitía augurar que, así favorecido, pudiese emprender una sólida obra de gobierno.

No habiendo un candidato oficial, pues el gobierno de Mejía Víctores actuó con bastante prescindencia en este sentido, eran varias las opciones políticas que tenían real posibilidad de llegar al poder. Todas competían en un ambiente abierto mientras, en algunas zonas del interior, proseguían unas operaciones contrainsurgentes cada vez más lejanas y que ya resultaban de menor trascendencia para el ciudadano común.

La constitución que surgió de la asamblea reflejó el estado de ánimo prevaleciente en el momento. Los acuerdos –a veces forzados– entre opiniones contrastantes, le dieron al texto una cierta falta de sistematización y de unidad, en tanto que la preocupación por los abusos del pasado reciente hizo que el tema de los derechos humanos se tratase de un modo excesivamente detallado, impropio de un texto constitucional. Lo mismo ocurrió con otros temas, y por eso se ha observado que en la nueva constitución se produjo “la inclusión de muchos asuntos de carácter no constitucional sino reglamentario”, del mismo modo que sucedió, apuntamos nosotros, con la constitución promulgada en 1945.

El estilo del nuevo gobierno resultó muy diferente al del anterior. Esto se debió, en buena medida, a que las personalidades de los dos generales que los encabezaron en poco se parecían: Ríos Montt era histriónico y directo, despreocupado a veces por las formas, personalista y sin duda convencido de que podía cumplir la misión de salvar a Guatemala de los muchos males que la aquejaban; Mejía Víctores, por el contrario, era un hombre sin ambiciones personales, que no deseaba aparecer en público, sereno, callado y poco carismático.

Los intentos conspirativos no habían cesado desde ese 23 de marzo de 1982. Desde el MLN Leonel Sisniega Otero prosiguió con su labor casi desde el mismo momento en que se sintió injustamente apartado del poder, pues había sido uno de los artífices del derrocamiento del general Lucas. En el ejército abundaban los oficiales que solo habían querido que se repitieran las elecciones de 1982, no que se estableciese un nuevo gobierno militar, pues su objetivo era –precisamente– apartar al ejército de la vida política, concentrarlo en su lucha contra la guerrilla y acabar con la corrupción.

Mientras la lucha en el campo iba decidiéndose, cada vez más claramente, en contra de la guerrilla, en el escenario político también se producían cambios de importancia. La junta surgida el 23 de marzo tendría que desarrollar, en un primer momento, una decidida labor para poder consolidarse en el gobierno, pues había varios problemas que debía resolver en lo inmediato de modo imperioso.

En esa época también se lanzó el plan Victoria 82, la primera tentativa de enmarcar la lucha contrainsurgente dentro de una visión coherente y de largo plazo. Por eso Victoria 82 comenzaba con una exposición de los “objetivos nacionales actuales”, donde se afirmaban ciertos valores generales –como la integración nacional y la paz– y se destacaba como meta principal “hacer sentir a la ciudadanía que la autoridad está al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la autoridad”. Más concretamente, en cuanto a la estrategia militar, se fijaban como objetivos principales “negar el acceso a los subversivos a la población”, recuperar aquellos miembros de la guerrilla “que sea posible” y “eliminar a los subversivos que no quieran deponer las armas”.

Quienes se levantaron en armas en marzo de 1982 pensaban que la guerra interna se estaba perdiendo. Tal vez esta era una percepción demasiado pesimista que no tomaba en cuenta los logros de la contraofensiva lanzada a finales del año pasado, pero en todo caso era un sentimiento ampliamente extendido que preocupaba a los oficiales que luchaban en el terreno día a día contra los insurgentes. La guerra se estaba perdiendo, muchos pensaban, no tanto porque el enemigo fuese poderoso en sí mismo sino porque estaba conquistando a la población campesina. Las represalias del ejército, casi siempre indiscriminadas y a veces de una brutalidad extrema, estaban enajenando a los habitantes del campo, que se sentían indefensos ante los ataques de ambos bandos.