La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú, emitida el 11 de diciembre de 1991, específicamente sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Gobierno del Perú. El caso se originó a partir de una denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativa a la desaparición de tres individuos durante un motín en una prisión en 1986, alegando violaciones a múltiples artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las excepciones preliminares del Perú se centraron en la supuesta incompetencia de la Comisión por haber presentado la denuncia fuera del plazo de seis meses tras el agotamiento de recursos internos, y la caducidad de la demanda ante la Corte. La Corte finalmente rechazó las excepciones del Gobierno por mayoría de votos, argumentando que Perú incurrió en contradicciones procesales y solicitó la prórroga del plazo de presentación. El texto también incluye el voto disidente del Juez ad hoc Jorge E. Orihuela Iberico, quien consideró que ambas excepciones debieron ser declaradas fundadas debido al incumplimiento de plazos explícitos de la Convención.