La sentencia de fondo emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Velásquez Rodríguez contra Honduras el 29 de julio de 1988, la cual examina la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición forzada de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez. La Corte aborda primero la excepción preliminar del Estado de Honduras respecto al no agotamiento de los recursos internos, concluyendo que estos eran ineficaces en el contexto de la práctica sistemática de desapariciones que se comprobó en Honduras entre 1981 y 1984. La sentencia determina que Honduras violó los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida de la víctima, en conexión con el deber de respetar y garantizar los derechos humanos. Finalmente, la Corte establece la obligación de Honduras de pagar una justa indemnización a los familiares de la víctima, reservándose la fijación del monto si las partes no llegan a un acuerdo. El texto también incluye un voto disidente del Juez Piza Escalante sobre la titularidad de los familiares de la víctima como parte en el proceso de indemnización.