El 76% de la población experimenta algún grado de inseguridad alimentaria (PMA, 2024), mientras que la desnutrición crónica afecta al 10,8% de los niños menores de 5 años, con una prevalencia aún mayor en comunidades indígenas (Fundación Éxito, 2024). La desnutrición aguda ha alcanzado cifras récord, con 24.226 casos reportados en 2023, lo que representa una prevalencia de 0,65 por cada 100 niños menores de cinco años (INS, 2024). En términos de mortalidad infantil por desnutrición, en 2022 se registraron 308 muertes, marcando un aumento del 56,3% respecto a 2021 (Defensoría del Pueblo, 2023). A esto se suma el bajo peso al nacer, que afecta al 9,4% de los recién nacidos (Minsalud, 2021), y el preocupante incremento del sobrepeso y la obesidad infantil, con una prevalencia del 6,3% en menores de 5 años (ENSIN, 2015). Además, la lactancia materna exclusiva, una estrategia clave en la prevención de la malnutrición, ha disminuido en el país, afectando la salud infantil y promoviendo la dependencia de fórmulas infantiles. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, los sistemas de información nutricional presentan deficiencias en actualización y articulación, lo que dificulta la formulación de políticas públicas efectivas. En este contexto, se hace urgente fortalecer estrategias integrales de prevención, garantizar el acceso a una alimentación adecuada y consolidar marcos normativos que prioricen la lucha contra el hambre y la malnutrición en el país.