Hoy vamos a adentrarnos en el Título II de la Constitución Española de 1978, dedicado a La Corona. Este bloque, que abarca desde el artículo 56 hasta el 65, establece el papel del Rey como Jefe del Estado, un símbolo de unidad y permanencia. Su función no es gobernar, sino arbitrar, moderar y representar a la nación en distintos ámbitos, siempre bajo la premisa de que sus actos deben ser refrendados por el Gobierno o por las Cortes, lo que asegura que la responsabilidad política nunca recaiga en la figura del monarca.
En estos artículos también se regulan cuestiones clave como la sucesión hereditaria, donde todavía se mantiene la preferencia masculina —un tema que sigue siendo objeto de debate—, así como el papel meramente protocolario de los consortes. Además, se establecen los mecanismos de Regencia y Tutela en caso de minoría de edad o incapacidad del Rey, garantizando la continuidad de la institución.
El texto constitucional enumera también las funciones formales del Rey: sancionar leyes, proponer al Presidente del Gobierno, ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas, o representar a España en el ámbito internacional. Todo ello, recordemos, sin poder político propio, porque el sistema se sustenta en la idea de una monarquía parlamentaria: el Rey reina, pero no gobierna.