Entre 1996 y 2016 se registraron al menos 18.677 víctimas, entre niños y niñas, que fueron reclutados y utilizados durante el conflicto armado por las Farc-EP. Así lo estableció la Sala de Reconocimiento de la JEP, que a continuación hará énfasis en lo ocurrido en el Bloque Oriental de la extinta guerrilla. Se tuvo en cuenta la información de 274 víctimas acreditadas.
Freddy Quitiam es un líder de San Adolfo, un corregimiento de Acevedo (Huila), azotado por 30 años de guerra. Hoy habla de lo que ha significado el Acuerdo de Paz. En el año 2019, la población fue reconocida como sujeto de reparación colectiva. Ese mismo año, las Farc-EP reconocieron su responsabilidad en acciones contra la población civil.
En la vereda el Orejón, del municipio de Briceño (Antioquia), se realizó un trabajo bastante especial que convocó a exintegrantes de la guerrilla de las Farc, integrantes del Ejército y del Gobierno nacional, con el acompañamiento de la comunidad internacional. Fueron tres años en los que los antiguos enemigos se unieron para encontrar las minas antipersonales que habían sido sembradas durante el conflicto armado. Fue también un momento en el que las víctimas se encontraron de frente con quienes habían sembrado no solo minas sino también la zozobra y el terror entre los habitantes. Un encuentro humanitario que terminó develando la humanidad de los combatientes
Entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, 127 personas fueron asesinadas y presentadas como guerrilleros muertos en combate por militares pertenecientes al Batallón de Artillería No.2 La Popa, de Valledupar. Los hechos ocurrieron en el norte del Cesar y el sur de La Guajira. La Sala de Reconocimiento estableció que dos excomandantes del Batallón fueron autores mediáticos y estaban aliados con grupos paramilitares. A ellos y a los demás militares, la JEP les imputó crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas, y el crimen de guerra de homicidio. Se trató, según la Jurisdicción, de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Entre las víctimas hay miembros de pueblos indígenas.
Al menos 120 personas fueron asesinadas, entre 2007 y 2008, en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, por militares que las presentaron como guerrilleros muertos en combate sin serlo. De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de la JEP, todo esto hizo parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en un afán por presentar resultados operacionales por parte de las Fuerzas Militares. Los premios para los victimarios iban desde condecoraciones y días de descanso hasta arroz chino y pollo asado.
Sebastián Arismendy pasó su niñez sin la compañía de su padre a quien las extintas FARC asesinaron cuando él no había empezado a transitar por su adolescencia.
Héctor Fabio Arismendy era uno de los 12 diputados del Valle que las Farc secuestró en el año 2002 y que fueron asesinados en 2007. Sebastián ha crecido entre el estudio y el liderazgo de las víctimas del conflicto armado. En este episodio cuenta cómo ha sido vivir sin su padre y cómo es el camino que ha recorrido con la Jurisdicción Especial para la Paz.
El poder para la paz de las mujeres afro del Cauca
Clemencia Carabalí Rodallega vive en Buenos Aires, norte del Cauca. Hace parte de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de esa zona del país y relata el peso que han tenido en la organización de sus comunidades en la gestión que se ha llevado a cabo ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
En este episodio se refiere a los efectos del conflicto armado y qué esperan de la labor que adelanta la JEP. Paz, verdad y justicia están en el centro de sus expectativas.
Aldemar Bolaños, vocero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) destaca que la JEP ha acudido a la concertación para obtener la información de las víctimas del conflicto armado en esa parte del país. Además, la JEP ha garantizado la participación en medio de la pandemia. “Es algo muy positivo”, indica el líder del CRIC. La Jurisdicción Especial para la Paz estableció el macrocaso 05 para investigar lo ocurrido durante el conflicto armado en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca.
En este capítulo se cuenta lo vivido por la población LGBTI en el norte del Cauca y cómo hizo para presentar un informe a la JEP sobre lo ocurrido. La organización Caribe Afirmativo reunió testimonios y motivó para dar el paso por la justicia y contra la impunidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo se construyó rápidamente el informe? ¿Qué esperan de la JEP y de las sanciones contra sus verdugos?
La historia de esta población hace parte del Caso 05 de la JEP, que prioriza lo sucedido en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
A propósito del Caso 01, referido a toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, recordemos este podcast en el cual la magistrada Julieta Lemaitre se refiere a detalles del Auto 19, dado a conocer el pasado 28 de enero.
La decisión de la Sala de Reconocimiento les imputa cargos a los exintegrantes del antiguo Secretariado de las extintas FARC-EP.
La magistrada plantea el procedimiento a seguir tras la imputación, qué pasará con los comparecientes que no acepten la responsabilidad y cómo pueden contribuir las víctimas en este proceso.
En el Auto 19 se revela que lograron identificarse 21.396 víctimas de secuestro, cifra muy superior a lo conocido hasta entonces.
Antioquia es el departamento con más secuestros registrados como parte del conflicto armado. El impacto social es incalculable, pero sus efectos están a la vista. Por años, la impunidad ha acompañado el silencio de las víctimas. La investigadora Gloria María Gallego se refiere a las huellas que ha dejado este crimen en la cotidianidad de las familias, de las comunidades y de los pueblos, así como a los daños sociales y económicos sobre lo local y lo colectivo.
En Antioquia se ha padecido el secuestro de diferentes maneras. El Auto 19 de la JEP, a propósito del Caso 01, reveló detalles de las modalidades de toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las extintas Farc-EP.
En este segundo capítulo Gloria María Gallego, investigadora en temas como secuestro en Antioquia, memoria de las víctimas y justicia transicional, habla del impacto en las mujeres, la visión que tienen las víctimas de la JEP y lo que falta por contar.
