En Ocotepeque, Honduras, Reina sostiene una guardería que se ha vuelto el segundo hogar de muchos niños y niñas. Del otro lado de la frontera con Guatemala, en San José La Arada, Chiquimula, Maritza, Luisiria y Reina levantaron un comedor comunitario que también se transformó en un espacio para cuidar y acompañar a las viudas del pueblo. Son historias que muestran cómo, en lugares donde el Estado no llega, el trabajo de cuidados recae en mujeres y que, aunque invisible muchas veces, es indispensable para la vida comunitaria.

El 12 de agosto de 2025 se dictó la primera sentencia del Caso Hogar Seguro, pero el fallo no significó un cierre. La jueza ordenó nueve nuevas investigaciones que exponen negligencias, abusos y vacíos en el sistema de protección estatal. El fallo reconoció lo que las niñas habían denunciado: que tenían razón. La sentencia deja al descubierto un sistema incapaz de garantizar derechos básicos a niñas y niños y abre un nuevo capítulo en la memoria y la búsqueda de justicia.

Entre mayo y julio de 2025, decenas de periodistas de El Salvador han salido al exilio. Aunque el discurso oficial lo niegue, las detenciones, la vigilancia y las leyes restrictivas los han forzado a abandonar el país por seguridad. Periodistas y expertos advierten sobre un patrón autoritario que amenaza el periodismo en toda la región.

El 15 de mayo de 1984, Carlos Ernesto Cuevas fue secuestrado frente al Conservatorio Nacional de Música, en la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Era dirigente estudiantil, militante del Partido Guatemalteco del Trabajo y parte de una familia comprometida con la defensa de los derechos humanos. Su desaparición marcó el inicio de una intensa búsqueda liderada por su familia y su esposa, María del Rosario Godoy de Cuevas, fundadora del Grupo de Apoyo Mutuo. Diez meses después, ella también fue asesinada.

En 1980 el Ejército instaló un destacamento militar dentro de la parroquia del Espíritu Santo en Zacualpa, Quiché. Durante seis años el convento fue convertido en centro de detención, tortura y ejecución. Uno de los casos más recordados es el de Juan Barrera, un niño asesinado por su participación activa dentro de la iglesia. Hoy, el lugar se convirtió en un museo de la memoria con capillas que recuerdan a las víctimas.

En los terrenos donde hoy funciona CREOMPAZ, en Cobán, Alta Verapaz, operó durante más de dos décadas la zona militar 21. Allí, entre los años más cruentos del Conflicto Armado Interno, fueron detenidas, torturadas y desaparecidas cientos de personas. Entre 2012 y 2015, la FAFG exhumó más de 500 osamentas, convirtiéndolo en el cementerio clandestino más grande hallado en América Latina. Aunque el caso judicial sigue estancado, este sitio permanece como evidencia de una de las peores atrocidades cometidas por el Estado.

 Durante el Conflicto Armado Interno, en el actual Parque Intercultural de Quetzaltenango funcionó la zona militar 17-15, un centro de detención y tortura del Ejército. En 1981, Emma Molina Theissen fue secuestrada y trasladada a este lugar, donde permaneció detenida y fue torturada durante ocho días. Hoy, el lugar alberga un espacio de memoria que conserva celdas, graffitis y objetos que narran lo que ocurrió detrás de sus paredes.

El 4 de abril de 1985, María del Rosario Godoy de Cuevas fue secuestrada junto a su hijo de tres años y su hermano. Un día después, sus cuerpos aparecieron en el kilómetro 19 de la carretera a Villa Canales, con señales de tortura. Rosario buscaba a su esposo Carlos Cuevas, secuestrado en 1984, así que ella junto a otras mujeres fundaron el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una organización nacida para exigir justicia por las desapariciones forzadas.  

El 6 de enero de 1982, la hermana Victoria de la Roca fue secuestrada por el Ejército en la casa de su congregación, en Esquipulas, Chiquimula. Era religiosa bethlemita y había trabajado en Nicaragua y Guatemala. Su desaparición ocurrió en un momento en que las comunidades eclesiales eran perseguidas por su cercanía con los sectores más vulnerables. Hasta hoy, su paradero sigue siendo desconocido.

El 15 de mayo de 1984, fuerzas de seguridad del Estado secuestraron a Otto René Estrada Illescas en la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Un mes después, el 14 de junio, desaparecieron, frente al Hospital Hermano Pedro, a su hermano Julio Alberto. Ambos eran estudiantes de la Universidad de San Carlos y militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo. Sus nombres figuran en el Diario Militar, documento que salió a la luz en 1999 y que evidenció la represión sistemática contra líderes estudiantiles durante el Conflicto Armado Interno.

El 6 de junio de 1981, Marlene Gularte fue secuestrada por fuerzas de seguridad del Estado en la calzada San Juan. Era maestra, sindicalista y militante del Frente Magisterial de Guatemala. Estaba embarazada de seis meses al momento de su desaparición. Su caso ilustra la persecución contra el movimiento magisterial durante el Conflicto Armado Interno y la violencia dirigida específicamente hacia las mujeres.

El 22 de marzo de 1979, Manuel Colom Argueta fue asesinado en la zona 9 de Ciudad de Guatemala, tras una persecución coordinada por fuerzas de seguridad del Estado. Había sido alcalde capitalino entre 1970 y 1974 y fundó el Frente Unido de la Revolución (FUR), con el que buscaba postularse a la presidencia. Su liderazgo popular, su defensa de la democracia y su oposición frontal al autoritarismo lo convirtieron en blanco del régimen de Romeo Lucas García.

El 31 de enero de 1980, un grupo de personas ocupó pacíficamente la embajada de España en Ciudad de Guatemala para denunciar las malas condiciones laborales y las masacres cometidas por el Ejército en sus comunidades en Quiché. El gobierno de Romeo Lucas García respondió con represión: la policía rodeó el edificio y lo incendió con 39 personas adentro. Murieron 37, entre ellas estudiantes, diplomáticos y líderes del Comité de Unidad Campesina.

El 15 de mayo de 1984, Rubén Amílcar Farfán fue secuestrado por las fuerzas de seguridad del Estado en la esquina de la 12 avenida y 9 calle, de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Era sindicalista, estudiante de Humanidades y corrector en la editorial de la Universidad de San Carlos. Su nombre y fotografía aparecieron en el Diario Militar. Desde entonces, su familia, especialmente su hermana Aura Elena Farfán, se ha dedicado a buscar justicia por Rubén y los miles de desaparecidos durante en la guerra.

El 13 de enero de 1971, el abogado y exdiputado Óscar Adolfo Mijangos López fue asesinado frente a su oficina, en la esquina de la 9 calle y 4 avenida de la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Había denunciado la represión estatal y defendía los derechos laborales desde el Congreso. Su pensamiento crítico y su oposición al poder lo convirtieron en un claro objetivo a eliminar. Hoy, una placa en la acera recuerda el lugar donde fue ejecutado.

El 2 de marzo de 1985, en Quetzaltenango, Joaquín Rodas Andrade fue detenido por las fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco y desaparecido. Era maestro, dirigente estudiantil y militante político. Su caso fue documentado en el Diario Militar y años más tarde llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado por su desaparición forzada.

Entre 1981 y 1988, durante el Conflicto Armado Interno, el Ejército instaló un destacamento militar en las afueras de San Juan Comalapa, Chimaltenango. En ese lugar fueron torturadas, asesinadas y enterradas decenas de personas. Años después, gracias al trabajo de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala y la FAFG, se exhumaron más de 200 osamentas. Hoy, en ese mismo terreno, funciona «Paisajes de la memoria»,  un memorial que honra a las víctimas de desaparición forzada.

En julio de 2005, por una denuncia vecinal, se descubrieron miles de documentos abandonados en una antigua sede de la Policía Nacional en la zona 6 de Ciudad de Guatemala. Ese hallazgo dio origen al Archivo Histórico de la Policía Nacional, un acervo con más de 80 millones de folios que revelan el funcionamiento de una de las instituciones clave en la represión estatal durante el Conflicto Armado Interno.

 Rosalina Tuyuc tuvo que dejar su casa y a su familia para resguardar la vida durante el Conflicto Armado Interno. Perseguida por su activismo y marcada por la pérdida de su padre y su esposo, su historia está atravesada por el desplazamiento forzado y la incansable búsqueda de los desaparecidos. Durante años, se ha enfrentado al miedo y a la incertidumbre con la convicción de que la memoria histórica es un acto de justicia.

Julia Corado soñaba con ser periodista desde joven. Pero, a la parte emocionante y vocacional, la de las aulas, las coberturas y la redacción, se sumó el riesgo, el miedo, la criminalización. Cuando la Fiscalía puso el ojo en ella y en sus colegas, tuvo que irse de Guatemala. Ahora, desde el exilio, sigue trabajando como codirectora del medio EPinvestiga. Su historia refleja el alto costo de informar en un país donde la verdad incomoda al poder.   Un podcast de Ir y venir.