El 65% de la población canaria considera que combatir el cambio climático debe ser una prioridad y el 80,6 % de la población española considera que el cambio climático está ocurriendo con total seguridad, alcanzando una media de 8,35 sobre 10, lo que refleja un consenso generalizado. En contraste, la proporción de personas que podría considerarse “negacionistas” del cambio climático representa en 2025 solo el 8,4 %.
Según la consejería de Bienestar Social, el problema es que no hay alternativas. "La entidad no ha sido sentenciada a ningún tipo de acción, han sido unos trabajadores de esa entidad los que están imputados, no la entidad ni los directivos de esa entidad", ha dicho Candelaria Delgado en los micrófonos de Hoy por Hoy Canarias. "En Canarias no aguantamos más, no tenemos más, no podemos más, no hay más profesionales, no hay más entidades, no hay más de dónde sacar para atender a los menores. No hay más. Ya no se cómo decirlo", ha expresado con desesperación la consejera de Bienestar Social en la Cadena SER.
"Nosotros no podemos rescindir contratos porque algunas personas de la entidad, actuaran de forma ilegítima. Los órganos de contratación advierten de que la rescisión de los contratos supondría indemnizaciones por parte del Gobierno", explican fuentes del Ejecutivo regional a este medio. Hasta la fecha, no han trascendido las cantidades que habrían supuesto esas indemnizaciones. Sin embargo, la contratación de 600.000 euros se produjo cuando ya se conocía la investigación.
La Fundación Respuesta Social Siglo XXI recibió cantidades millonarias durante el Gobierno del 'Pacto de las Flores' para gestionar distintos centros de menores migrantes en Canarias. Tras una exhaustiva investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), cuatro directores de la entidad han sido imputados por presuntamente desviar hasta 2.400.000 euros de fondos europeos. La Policía Nacional concluye que hasta 1.100.000 euros se extrajeron en efectivo mediante reintegros fraccionados. Lejos de apartar de la gestión a esta Fundación, el Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular le adjudicó en noviembre de 2023, cuando el escándalo ya era público, 600.000 euros más por la vía de emergencia. En concreto, entregaron 686.520 euros a la Fundación por el servicio de gestión del dispositivo de atención inmediata a personas menores migrantes no acompañadas Tomás Morales, en Las Palmas de Gran Canaria.
Según los datos proporcionados por el propio Gobierno de Canarias, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI sigue gestionando Guiniguada, Puerto Rico, Tomás Morales y Acorán, todos ellos responsabilidad de la consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. En la plataforma de contratación del Estado figuran algunas de las veinte contrataciones que se hicieron de centros más pequeños, con los que se pudo ir bajando la presión de los grandes centros y cerrando algunos como Salinetas, Volcán de Timanfaya o el de Cruz Blanca.
La Fundación Respuesta Social Siglo XXI recibió cantidades millonarias durante el Gobierno del Pacto de las Flores para gestionar distintos centros de menores en Canarias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional concluyó que al menos 100.000 euros se extrajeron en efectivo mediante reintegros fraccionados. Lejos de apartar de la gestión a esta Fundación, el Gobierno del Coalición Canaria y Partido Popular adjudicaron 600.000 euros por vía de emergencia a la Fundación cuando ya se conocían perfectamente las presuntas corruptelas de cuatro directores de centros de menores, en noviembre del año 2023. En concreto, entregaron 686.520 euros a la Fundación por el servicio de gestión del dispositivo de atención inmediata a personas menores migrantes no acompañadas Tomás Morales, en Las Palmas de Gran Canaria.
