Por
Lic. Guillermo Moreno Lic. Pablo Challú Lic. Walter Romero
El Decreto de Necesidad y Urgencia 576/22, establece la creación del Programa de Incremento Exportador, destinado a quienes hayan realizado ventas de soja y sus derivados al exterior, en los últimos 18 meses anteriores a su entrada en vigencia y que adhirieran al mismo. La norma define que el contravalor de las mercaderías a $200
Las determinaciones tomadas han logrado, hasta el presente, la liquidación de divisas requerida por el gobierno, pero generando dos efectos adversos muy perjudiciales:
• una extraordinaria transferencia de ingresos en favor de los Sectores Rentísticos (Terratenientes de la Zona Núcleo de la Pampa Húmeda), desde los Sectores Populares (profesionales independientes, trabajadores formales e informales, jubilados, pensionados, entre otros), a través del aumento en el valor de los “bienes salario”, y
• un incremento “artificial” en la tasa de retorno del “bien soja” vis a vis el resto de las explotaciones, tendenciando la producción (aún más) al monocultivo.
Columna de opinión publicada en BAE Negocios
