En esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia colombiana protegió a las generaciones futuras y a la selva amazónica destacando dos cosas: la primera, la protección de derechos de los niños y jóvenes, así como las generaciones futuras a gozar de un ambiente sano como un derecho fundamental, así como los derechos a la vida, la salud, las necesidades básicas, la libertad y la dignidad humana, derechos vinculados por el ambiente y el ecosistema. La otra es el reconocimiento de la titularidad de derechos de la selva amazónica. Esta tutela fue interpuesta en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, y las Gobernaciones de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, por el incremento de la desforestación en la Amazonía.