En 2016, un consorcio compuesto por empresas de Colombia, Costa Rica y Honduras, logró el primer contrato de asociación público-privada en el país, para rehabilitar, expandir y mejorar 220 km de carretera entre San Pedro Sula y La Ceiba.

Con solo un 10% de avance en las obras, el Gobierno de Honduras autorizó el inicio del cobro de peaje en tres puntos críticos de la carretera.

Este acto encendió la indignación de la población local.

Aquí te contamos cómo la ciudadanía organizada logró parar y desmontar un contrato con irregularidades y corrupción, hasta su cancelación.

Esto implicó una deuda de 110 millones de dólares, una cifra que superó con creces la inversión inicial.