En México, desde los años noventa, se han hecho cambios estructurales e institucionales para garantizar la atención a los problemas nacionales como la pobreza, la desigualdad, la salud, el acceso a la información gubernamental y la educación (Vélez, 2004; Somuano, 2007 y Dávalos, 2010). No obstante, estas transformaciones no han sido lo suficientemente rápidas y eficientes en el diseño, gestión e implementación de políticas públicas para enfrentar dichos problemas