El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 1 de febrero al proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, presentada como la primera norma que desarrolla en nuestro país el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. El proyecto, que ha sido remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria, nació con polémica al aprobarse a pesar del informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que considera que el texto del Gobierno vulnera las competencias de las comunidades autónomas. Algunas, como Madrid o Andalucía, ya han advertido que no aplicarán la norma y partidos políticos han anunciado que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional. Además, el sector inmobiliario ha criticado abiertamente un borrador que tampoco es del agrado de los sindicatos de inquilinos.
En el capítulo de hoy, Juicios de Valor habla con Alberto Torres, presidente de la sección de Arrendamientos Urbanos del ICAM, sobre el contenido y los aspectos más controvertidos de esta norma.