La Ley de Agentes Extranjeros tiene como destinatarios obvios a las organizaciones de sociedad civil que defienden derechos humanos, fomentan la transparencia y no se alinean a los intereses del Gobierno de Nayib Bukele. Busca asfixiar económicamente a estas asociaciones para que no puedan operar, además de ahuyentar a los organismos filantrópicos y cooperación internacional que las financia. En medio de la cruzada del gobierno por callar las voces críticas, hay daños colaterales. Salvadoreños ignorados por el Estado y que eran usuarios de organizaciones de ayuda humanitaria ya están siendo afectados por el cierre de proyectos y programas en el país.

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