La nueva ley, que fue aprobada en menos de dos horas sin ningún tipo de estudio ni discusión, contempla un impuesto del 30 % a todas las donaciones internacionales que reciben las organizaciones de sociedad civil y cualquier persona natural. Los representantes de más de 70 organizaciones señalan que ley es un instrumento más de persecución política y censura en contra de ambientalistas, defensores de derechos humanos, periodistas y cualquier persona que pueda ser interpretada por el gobierno como un estorbo.