Alejandra Cullen, analista política, en colaboración con José Cárdenas, explicó que la reforma a la Ley de Amparo está redactada a favor del Gobierno y en contra del ciudadano; se reducen las garantías de protección contra los abusos de autoridad. Reducir el interés legítimo afectará los derechos colectivos, sociales y ambientales, ya que solo unas cuantas personas podrán promoverlo, dejando a pueblos y comunidades sin protección.