Es cierto que es una reforma condenada, afortunadamente, al fracaso. La ruptura con Junts es una gran noticia, porque se aleja el riesgo de introducir una norma que atenta contra el Estado de Derecho y la separación de poderes. A estas alturas conocemos lo que puede suceder con un Ministerio Fiscal controlado por el Gobierno. Hasta que no se establezca un mecanismo por el que el Fiscal General del Estado sea realmente independiente no se pueden otorgar las investigaciones penales a los fiscales.