La mega toma de San Antonio refleja la falta de garantía del derecho a viviendas dignas y a la propiedad privada en Chile, generando un desafío para el estado de derecho. Estas ocupaciones son consecuencia de la precariedad habitacional y la lentitud en las políticas públicas. Además, las tomas facilitan la criminalidad y la explotación, mientras la inacción del gobierno, municipios y tribunales agrava la situación.