La clase política es señalada como responsable de la crisis de seguridad en Chile, desde la protección a delincuentes hasta la falta de resolución de conflictos como en la Araucanía. La filtración de información desde Gendarmería, como en el caso del gendarme atacado en Cauquenes, revela corrupción interna y complicidad con reos. Se denuncia el derroche de dinero en cortar internet en cárceles mientras los presos siguen comunicándose y controlando desde adentro.