Las protestas en toda las regiones de Panama, estallaron el 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó por vía rápida la ley que otorgaba una extensión de hasta 40 años del contrato con la empresa panameña, filial de First Quantum Minerals. Uno de los argumentos para protestar era es que no se hizo una consulta pública. Empresas de la automoción como Tesla, así como de energías renovables y de electricidad, ya cuentan con el cobre panameño. La canadiense que ha estado operando la mina desde 1997, la First Quantum Minerals (FQM), informó a sus clientes el año pasado de que estimaba una producción de entre 370.000 a 400.000 toneladas de cobre para 2024. “Panamá es un importante contribuyente a la producción mundial de minas de cobre y en 2022 era el decimocuarto país productor mundial de minas de cobre”, aseguró Ana Rebelo, directora de análisis y estadística del Grupo Internacional de Estudio sobre el Cobre (ICSG, por su sigla en inglés), una organización intergubernamental con sede en Portugal. El rechazo de los panameños por la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica es de vieja data. El yacimiento, ubicado en la provincia de Colón, viene siendo operado desde 1997 a través de un contrato firmado entre el Estado y la sociedad minera Petaquilla S.A. Las negociaciones con la filial canadiense, según cuenta, se iniciaron en enero de 2022 a puerta cerrada. Hasta que en marzo de 2023 se anunció el acuerdo sin participación ciudadana. la Asamblea aprobó la Ley 406 en 72 horas y la noche del 20 de octubre el presidente la promulgó. Con la justificación que El nuevo contrato minero contempla aportes mínimos anuales de US$375 millones de la minera al Estado panameño, diez veces el monto del acuerdo anterior. El contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá toca un tema sensible entre los panameños.