EgunOn Bizkaia ha contado en la sección Apuntes Jurídicos con Pablo de los Ríos‑Enríquez Trigueros y Sergio Lorenzo Ruiz Aparicio (RASL Abogados), quienes han respondido a consultas de la audiencia sobre herencias, reparto de joyas y conflictos en contratos de alquiler. Herencias con deudas: ¿estoy obligado a aceptar? Los letrados han aclarado que nadie está obligado a aceptar una herencia y que se puede aceptar o renunciar. Han subrayado, además, que el Derecho Civil de Bizkaia contempla la aceptación a beneficio de inventario, figura que evita que los herederos responsan con su propio patrimonio por deudas del causante. Han insistido en que se debe analizar con detalle el inventario de bienes y deudas antes de decidir, y que, en caso de presión de un acreedor, el heredero solo responde hasta el límite del caudal hereditario. Han recomendado acudir a un abogado especializado para valorar la aceptación a beneficio de inventario y han recordado que esta vía previene situaciones problemáticas que se han dado en el pasado. Joyas familiares: mejor dejar todo determinado Ante la consulta sobre una madre que ha querido repartir sus joyas entre sus hijas, los abogados han señalado que las joyas tienen con frecuencia un valor sentimental superior al económico y que, precisamente por ello, generan conflictos cuando no quedan identificadas. Para evitar controversias, han aconsejado dejar determinado por escrito el destino de cada pieza, han propuesto apoyarlo con fotografías y han sugerido formalizarlo mediante acuerdo privado, pacto sucesorio o testamento, de modo que se sepa qué piezas se adjudican y a quién. Actualización de renta y suministros impagados Sobre el caso de una renta que actualiza tras años sin hacerlo y un inquilino que se niega a pagar el incremento y acumula facturas de suministros, los letrados explican que se tiene que comprobar primero si la actualización se realiza correctamente según lo pactado en el contrato y la normativa aplicable. Si la actualización se notifica bien y existen suministros impagados, han indicado que el arrendador puede requerir por burofax, detallando las cantidades debidas y conceder 30 días para el pago. Transcurrido ese plazo sin abono, han precisado que se puede iniciar un procedimiento judicial de resolución del contrato y reclamación de cantidades, con el consiguiente desahucio por incumplimiento. Han matizado, no obstante, que, por economía procesal y dada la protección existente al inquilino, se prefiere agotar las vías extrajudiciales cuando se trata de pequeñas diferencias o importes reducidos.