El espacio Apuntes Jurídicos del programa EgunOn Bizkaia ha contado con la participación de Pablo de los Ríos‑Enríquez Trigueros (RASL Abogados), quien ha respondido a consultas de la audiencia sobre bajas laborales, vicios ocultos en la compraventa de vivienda y pensión de alimentos. De los Ríos‑Enríquez ha explicado que, durante los primeros 12 meses de una incapacidad temporal, las altas y bajas las gestiona el médico de atención primaria. Sin embargo, al cumplirse el día 365, el INSS pasa a asumir el control del expediente. El abogado ha señalado que, desde la pandemia, las notificaciones del INSS han sufrido retrasos, pese a ello no debe reincorporarse quien no reciba carta comunicando alta o prórroga. Hasta que no se produzca comunicación por parte del INSS, la persona sigue en situación de baja y, por tanto, continúa percibiendo la prestación hasta resolución expresa. Ante la consulta sobre el ruido insoportable de la puerta del portal en una vivienda recién comprada, el letrado ha recordado que la acción por vicios ocultos (aquellos defectos graves en un bien comprado que no son aparentes en el momento de la compra) caduca a los seis meses desde la compraventa si no se presenta demanda en ese plazo. De los Ríos‑Enríquez ha indicado que, para reclamar, se debe acreditar mediante pericial la gravedad y frecuencia del ruido, así como su impacto en la habitabilidad. No obstante, también se plantea una vía práctica alternativa a la demanda: convocar una junta extraordinaria de la comunidad para reparar o sustituir ese vicio oculto, en este caso una puerta ruidosa del portal, y solucionar el problema de forma colectiva, con la posibilidad de valorar posteriormente si se repercute el coste al vendedor. Sobre el impago de la pensión de alimentos, el abogado ha recomendado iniciar la ejecución de la sentencia o convenio ante el mismo juzgado. En ese trámite, se practica una averiguación de bienes y se pueden embargar cuentas o vehículos para satisfacer las cantidades debidas. Como última opción, De los Ríos‑Enríquez ha señalado la vía penal por el delito de impago de pensiones (art. 227 del Código Penal), que contempla penas de prisión o multa. Aun así, se ha insistido en que esta vía debe reservarse para supuestos reiterados o dolosos, dado que los tiempos y las consecuencias penales son más gravosos para la familia.