Pese a que este gobierno inició con una ceremonia que involucró a los pueblos indígenas y constantes promesas de reconocimiento, la realidad muestra que es un sector que no ha mejorado sus condiciones de vida, que cuando reclama es hecho de lado y al que se le han recortado cada vez más recursos.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) tiene este año un presupuesto 32% menor al ejercido en 2018; en 2020, en plena crisis por la pandemia de COVID 19 en 2021 se eliminaron dos de los programas que tenía, el de Derechos Indígenas y el de Infraestructura Indígena, que era el más grande que tenía. Mientras que según la última medición de pobreza del CONEVAL, de 2018 a 2020 hubo un empeoramiento de su situación que no es significativo pero mantiene a este grupo con un nivel de 76.8% en pobreza (contra 41.5% de no hablantes de lengua indígena) donde 35.7% vive en pobreza extrema, 5 veces más que el porcentaje en el resto de la población. Sin embargo, el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, presumió el pasado Día de los Pueblos Indígenas (9 de agosto) que se invierte más que nunca en programas sociales que benefician a indígenas y que en todos los municipios catalogados así las familias reciben 3 programas en promedio.
Se cumplen 2 años de que el edificio central del INPI fue tomado por indígenas otomíes que llevaban décadas en predios de la colonia Juárez y fueron desalojados. Denuncian que no ha habido ninguna atención real ni del gobierno de la Ciudad de México ni del federal.
Desde ahí reclaman que este gobierno, como los anteriores, tiene una política de megaproyectos que los despoja y no los considera; hace consultas indígenas irregulares, y no protege a los activistas.
Uno de los casos más simbólicos es el del asesinato de Samir Flores en 2019 por oponerse al Proyecto Integral Morelos. El crimen sigue impune y las comunidades de Huexca, Amilcingo y San Pedro Apatlaco mantienen la lucha para frenar el proyecto.
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