Por lo menos 22 municipios, además de la subsecretaría de Energía y el Gobierno Regional de Aysén, han contratado a Itelecom. Esa empresa hoy es investigada por las Fiscalías de Tarapacá, Ñuble y Metropolitana Centro Norte por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos. Entre los indagados figuran, entre otros, cuatro concejales y un juez de Policía Local. CIPER revisó las órdenes de compra de distintas entidades públicas a favor de Itelecom en los últimos tres años. En total, los contratos que favorecieron a la empresa desde 2017 suman al menos $44 mil millones.