La ley que permite a los empleadores suspender el pago de remuneraciones fue presentada como una política especialmente enfocada en las Pymes. Por eso, causó controversia que aparecieran grandes compañías acogiéndose al beneficio. Dos asesores del gabinete de la ministra Zaldívar explicaron a CIPER que nada impide que las grandes empresas usen esta ley y que nadie revisa que efectivamente estén en riesgo, porque, en el fondo, se trata de “un pacto de buena fe”. El único camino que tienen los trabajadores que se sientan perjudicados, dijeron, es que demuestren ante la justicia que se trataba de empresas económicamente sanas.