María Amparo Casar, analista política, comentó que las campañas rumbo a las elecciones judiciales, que arrancaron el 30 de marzo, son un ejercicio electoral inédito: sin basura ni contaminación electoral en las calles, mobiliario urbano y bardas, y más bien volcadas a las redes sociales. Las restricciones que marcan la diferencia son que los partidos políticos no deben intervenir ni a favor ni en contra de ninguna candidatura, y que ningún abanderado tiene permitido recibir recursos públicos o privados y sólo pueden destinar dinero propio, pero con límites. Además, les está prohibido contratar publicidad en cualquier medio, ya sea en radio, televisión, prensa, redes sociales, espectaculares, volantes, mantas, equipamiento urbano o camiones, entre otros.